El pecado de Ramírez Vázquez

Artista emérito, constructor de los principales templos de nuestra idiosincracia (el Museo de Antropología, la nueva Basílica de Guadalupe, el estadio Azteca), nadie puede escatimar las aportaciones del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez (1919-2013). Sin embargo, yo quisiera hacer referencia a uno de sus pecados, porque ser un gran hombre no lo exime del error y, en cambio, lo dimensiona como un producto de su tiempo, que fue el del milagro mexicano, pero también el de la corrupción impune.

     Me refiero al Instituto Cultural Helénico AC y, en particular, a la construcción del teatro que éste alberga en su interior, obra de Ramírez Vázquez. Sobre el teatro sólo diré que es una obra conceptualmente fallida que no previó el uso indispensable de desahogos para la escenografía, una condición que padecen día con día los artistas tearales que usan sus instalaciones. En ese sentido, resulta desventajosa la comparación con el teatro Juan Ruiz de Alarcón de la UNAM, por ejemplo, que pese a ser inaugurado el mismo año ha sabido envejecer con mucho mayor dignidad. Pero este no es el asunto más grave, incluso podría disculparse en la medida que la sala resulta acogedora para el público y constituye una extraña mezcla entre intimidad teatral y amplitud de audiencia.

     El asunto verdaderamente imputable es el otro: para los que no saben, el Instituto Cultural Helénico fue una AC constituida a mediados de los años 70 que en menos de un lustro logró  que el gobierno federal le donara el inmueble de todos conocido ubicado en Avenida Revolución 1500, así como la colección artística allí resguardada, que incluye una colosal Capilla de estilo románico con elementos de los siglos XIII y XIV y una cantidad supuestamente inventariada de esculturas, pinturas y objetos artísticos de diversas épocas.  El valor de la donación podría superar hoy en día los 500 millones de pesos, aunque por su significación deberíamos decir que resulta invaluable.

     Yo pregunto por qué un gobierno decide desprenderse de un patrimonio perteneciente a la nación para entregarlo a una AC sin antecedentes suficientes en la materia para la que supuestamente se le donará el inmueble...,  y nadie acude a responder.

     Pero es aquí donde surgen los datos que ponen en tela de juicio la legalidad y moralidad del acto de gobierno: como se puede apreciar en el Decreto presidencial aparecido el 12 de junio de 1979 en el Diario Oficial de la Federación, el presidente José López Portillo facultó al entonces Secretario de Asentamientos Humanos y Obras públicas, Arq. Pedro Ramírez Vázquez, para entregar el inmueble y vigilar el cumplimiento de las responsabilidades adquiridas por la AC. Lo relevante es que, en la escritura pública que formaliza la cesión de la propiedad se anexa el acta constitutiva de la Asociación Civil (1974), en la que el propio Ramírez Vázquez firma como vocal fundador del Instituto Cultural Helénico AC, y José López Portillo (entonces secretario de Hacienda) aparece como presidente honorario. Es decir que, por lo menos en el caso de Ramírez Vázquez, su firma aparece dos veces en el mismo documento: una como representante del donador y otra como miembro de la Asociación donataria.

     En términos coloquiales a esto se llama ser juez y parte, lo que daría argumentos suficientes para deslegitimar la donación (no sé si para anularla). A la luz de este razonamiento nos queda claro porqué las secretarías de estado responsables de la vigilancia nunca instrumentaron mecanismos de seguimiento y fiscalización, y porqué en los últimos años la AC se negaba a ajustarse a los lineamientos del Indesol, como si se tratara realmente de una  propiedad privada.  

     La otra circunstancia imputable y nunca transparentada fue que el teatro Helénico, inaugurado en 1980, se terminó de edificar y acondicionar después de emitido el decreto de donación de 1979; ya hemos dicho que su arquitecto fue Ramírez Vázquez, y el presupuesto de construcción habría salido con toda probabilidad de la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, de la que él era titular. Esto significaría que el gobierno federal estaba invirtiendo recursos públicos en un inmueble que –ya lo sabían–, sería entregado a un particular, si no es que ya se había entregado. 
     No sabemos si Ramírez Vázquez se benefició personalmente con esta acción (creo que no lo necesitaba), pero sin duda benefició a gente cercana por el simple hecho de serlo. Por casos como éste hoy cualquier funcionario sería fuertemente sancionado por la Secretaría de la Función Pública (aunque ya sé que más de uno lanzará una risa sarcástica al instante).

      El caso es que nos referimos a una época en que el gobierno no tenía contrapesos y en la que se hacía valer aquella frase coloquial que sentencia: el poder puede.

    Así las cosas, nos sumamos al homenaje de uno de los grandes constructores de la patria, pero creemos importante señalar que su grandeza no lo exonera de las responsabilidades públicas por las que un Estado que se dice justo sanciona incluso a sus mejores hombres.